El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) “es el espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos” (Sistema Nacional Anticorrupción, s.f., párr. 1, disponible en: https://sna.org.mx/que-hacemos/). A continuación, se ofrece un panorama general acerca del SNA.
Diagrama 6. Sistema Nacional Anticorrupción
Su proceso de creación se puede sintetizar en el siguiente diagrama:
Diagrama 7. Evolución del Sistema Nacional Anticorrupción
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA se integra por:
El Comité Coordinador establece mecanismos de coordinación con el fin de diseñar, promover y evaluar las políticas públicas de combate a la corrupción. Para ello, se integra de (artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción):
En el siguiente diagrama se muestra la estructura orgánica del SNA.
Diagrama 8. Estructura del Sistema Nacional Anticorrupción
Cabe destacar que, el SNA establece las funciones de cada una de las instituciones gubernamentales con quienes se coordina en materia de combate a la corrupción, las cuales a saber son (información recuperada de: https://sna.org.mx/que-hacemos/):
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Garantiza que las personas tengan acceso a la información pública, protege los datos personales y promueve la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad.
Consejo de la Judicatura
Organismo del Poder Judicial de la Federación, que se encarga de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales, tiene a su cargo la investigación y sanción de las faltas administrativas cometidas por servidores públicos de ese poder de la Unión.
Secretaría de la Función Pública
Se encarga de prevenir, investigar y vigilar todas las faltas administrativas y sancionar las no graves cometidas por los servidores públicos federales. Además determina las políticas de compra en la Administración Pública Federal y coordina los Órganos Internos de Control adscritos a dependencias y entidades federales para prevenir y detectar posibles actos de corrupción.
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Resuelve las diferencias entre la Administración Pública Federal y los particulares. Sanciona a los servidores públicos que cometen faltas administrativas graves y garantiza la legalidad en materia administrativa y fiscal, como la interpretación y cumplimiento de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados con las dependencias y entidades públicas.
Auditoría Superior de la Federación
Órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados, encargado de revisar el uso de recursos públicos federales en los tres poderes de la Unión, estados, municipios o cualquier persona física o moral que maneje esos recursos. Es responsable de denunciar faltas administrativas o hechos de corrupción.
Fiscalía Anticorrupción
Adscrito a la Fiscalía General de la República, que investiga y persigue delitos por hechos de corrupción.
Comité de Participación Ciudadana
Se integra por cinco ciudadanos que colaboran con el Comité Coordinador para el cumplimiento de los objetivos del SNA. Su presidente lo es también del Comité Coordinador y es el vínculo con organizaciones de la sociedad civil.
Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA)
Organismo de apoyo técnico, dedicado 100% al SNA, con autonomía operativa que forma parte de la Administración Pública Federal. Apoya al Comité Coordinador para mejorar e implementar sus decisiones, así como la coordinación del SNA. Propone políticas públicas, diseña metodologías de evaluación y administra la Plataforma Digital Nacional.
Comisión Ejecutiva
Órgano técnico auxiliar del SESNA. Sus principales funciones son: generar insumos técnicos y propuestas sobre la Política Nacional Anticorrupción (PNA) y políticas integrales, metodologías de seguimiento y mecanismos de información en materia de combate a la corrupción, para ser presentados, y en su caso aprobados por el Comité Coordinador.
Cada uno de estos organismos como se advierte, tiene sus funciones respectivas acordes a cómo colaboran en el combate a la corrupción, interviniendo además los sistemas estatales, quienes tienen atribuciones equivalentes al SNA y guardan estrecha relación con el mismo a través de sus Secretarías Ejecutivas.
Por su parte, el Sistema Nacional de Fiscalización promueve el intercambio de información, ideas y experiencias en la fiscalización de recursos públicos, con el fin de normalizar procedimientos, técnicas, criterios, estrategias y programas en combate a la corrupción.
Política Nacional Anticorrupción
“La Política Nacional Anticorrupción (PNA) es resultado de un ejercicio de sistematización y análisis de información y datos obtenidos a través de un mecanismo de consulta pública nacional que permitió recolectar las diversas perspectivas que la ciudadanía, expertos de organizaciones de la sociedad civil y academia, empresarios y otros actores interesados tienen con respecto al problema de la corrupción; así como del análisis de evidencia como datos oficiales, estudios de organismos internacionales, investigaciones académicas y de organizaciones de la sociedad civil, entre otras fuentes.” (Secretaría Ejecutiva SNA, s.f., p. 12).
De acuerdo con la Política Nacional Anticorrupción, la corrupción se asocia con dos rasgos. El primero es la ilegalidad, derivada básicamente de la impunidad y de los amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público. El segundo rasgo identifica a la corrupción como una norma social reconocida, aceptada y aplicada, donde convergen dos factores: 1) sociedad y gobierno tienen un punto de contacto y 2) bajo involucramiento de la sociedad en el control de la corrupción. Derivado de ello, se han articulado cuatro ejes estratégicos en la Política Nacional Anticorrupción (Diagrama 9 y 10).
Diagrama 9. Ejes estratégicos de la Política Nacional Anticorrupción
Diagrama 10. En qué consiste cada eje estratégico de la
Política Nacional Anticorrupción
Condiciones de riesgo
De acuerdo con el “Resumen Ejecutivo de la Política Nacional Anticorrupción” de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, existen una serie de condiciones institucionales, administrativas y sociales que pueden propiciar o incrementar significativamente la corrupción en nuestro país, denominadas condiciones de riesgo, las cuales se detallan en el siguiente cuadro.
Cuadro 10. Condiciones de riesgo
El servicio público a escala nacional no se articula sobre bases mínimas de mérito, profesionalismo, integridad y congruencia. |
Los procesos de contrataciones públicas ocurren en un ambiente de opacidad, discrecionalidad y poca claridad sobre sus efectos en la entrega eficaz de bienes y servicios a la población. |
Los procesos de planeación, presupuesto y ejercicio del gasto de las instituciones públicas carecen de transparencia y de criterios mínimos que permitan justificar las decisiones públicas. |
Las asociaciones público-privadas no cuentan con esquemas suficientes que brinden transparencia y claridad sobre las inversiones realizadas a través de estos mecanismos. |
Las instancias de auditoría y fiscalización mantienen brechas de recursos, capacidades; además de que su autonomía técnica -en especial a nivel estatal- puede llegar a ser vulnerable. |
No existen reglas claras que brinden transparencia y aminoren riesgos de captura y conflicto de interés en las labores de cabildeo. |
Las faltas administrativas y los delitos por hechos de corrupción no son investigados y sancionados de manera eficaz, y en donde, la denuncia no es una herramienta eficaz para el control de la corrupción |
Los esquemas de participación y vigilancia social tienen alcances acotados y, en muchas ocasiones, no tienen un funcionamiento adecuado. |
Es insuficiente el uso, por parte de las autoridades, de datos, evidencia e inteligencia suficiente para la prevención e investigación de hechos de corrupción. |
No existen estrategias sistemáticas que promuevan la colaboración y la cocreación entre autoridades, funcionarios y sociedad para el control de la corrupción. |
Las instancias de control interno, así como las de impartición y procuración de justicia carecen de capacidades y recursos suficientes para realizar su labor con prontitud en materia de prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción. |
El desarrollo de prácticas de autorregulación y de integridad en el ámbito empresarial es aún incipiente, y no se cuenta con evidencia sobre su adopción en micro, pequeñas y medianas empresas. |
Persisten espacios de opacidad y arbitrariedad en la interacción entre ciudadanos y empresas con el gobierno, al realizar trámites o solicitar servicios. |
No existe evidencia suficiente sobre el impacto que tienen las campañas de comunicación y concientización para promover la cultura de la denuncia, y valores como la integridad y la imparcialidad. |
Los procesos formativos impulsados desde el Sistema Educativo Nacional en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos no necesariamente transmiten valores y ni favorecen el desarrollo de capacidades prácticas que promuevan el control de la corrupción desde la sociedad. |
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